Muchos teóricos han identificado que estamos viviendo un cambio de época, procesos de cambio multidimensional que detonan crisis de gobernabilidad y conflictos sociales que la actual institucionalidad no es capaz de gestionar.

En las ciudades estos cambios ya son evidentes, en materia de movilidad se traducen en mayor congestión, contaminación, desregulación, nuevas desigualdades y exclusiones. Existe un desajuste entre los expertos, lo institucional y el territorio. La discusión está desfasada, esta debería apuntar a cómo nos gobernamos; cómo transferimos poder, competencias y recursos en el ámbito de la movilidad; cómo, quiénes y cuándo toman las decisiones, y hacia cómo coproducimos política de movilidad en nuestro territorio, donde la experiencia del usuario es fundamental y por lo tanto debe ser protagonista del proceso.

Una nueva gobernanza de la movilidad tiene que ver con cómo los actores tomamos decisiones de manera coordinada. Por esta razón, se vuelve necesario un cambio rotundo y urgente desde una mirada gubernamental y experta del proceso, hacia una de gobernanza en red que gestione la coproducción de políticas, articule a múltiples actores -público, privado y sociedad civil-, determine enfoques multinivel e incorpore la mirada multisectorial.

En este sentido, la experiencia chilena de elaboración de la Ley de Convivencia Vial es fundamental. Una ley que a partir del impulso de las principales organizaciones pro-bicicleta y movilidad sustentable logró poner el tema en la mesa, imponer una agenda, alinear a los actores y negociar con los otros modos para lograr cambios significativos en materia de normativa de uso del espacio público y vial. Por primera vez se logró en el país elaborar desde abajo, desde la experiencia del usuario y los distintos territorios, una política pública de movilidad que a pesar de que a pocas semanas de su implementación no ha estado exenta de cuestionamientos (básicamente por desinformación, falta de campañas institucionales y mala prensa) y aplicación sin criterios claros por parte de las autoridades, sin dudas tiene un valor enorme que debe generar aprendizajes, ser sistematizado, protocolizado y replicado en otras instancias.

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Isabel Serra

Arquitecta con posgrado en gestión y políticas públicas con experiencia en el diseño, gestión e implementación de infraestructura pública y en materia de evaluación de políticas públicas sectoriales. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales como Jefa de Proyectos de investigación aplicada y como académica de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño.

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